Reivindicación histórica de las mujeres: libertad sexual y reproductiva y control del propio cuerpo
Fuente: Boletina Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe
http://www.reddesalud.org/actualidad/act2_int.php?id=90
El aborto inducido es una realidad que está presente en todas las regiones y que afecta a mujeres de distintas condiciones sociales, edades, nivel educativo, opción sexual y creencia religiosa. En algunos países se trata de una práctica permitida por ley en ciertos plazos y condiciones, pero en otros se realiza en forma clandestina y frecuentemente insalubre, a manos de practicantes inexpertos.
No obstante, las leyes que penalizan la práctica no han sido disuasivas respecto de la determinación de abortar, sino que por el contrario, solo contribuyen a colocar la vida de las mujeres en peligro, enfatizando además una profunda injusticia social, pues en esos contextos las mujeres con recursos abortan en buenas condiciones mientras las más pobres colocan en riesgo su vida y su salud, además de afrontar una severa condena social por haber transgredido el mandato social que se impone a las mujeres: la maternidad.
América Latina y el Caribe es una región que presenta altas tasas de aborto inducido, la amplia mayoría en condiciones de clandestinidad. Solamente en Puerto Rico, Cuba, y tres países de Antillas Francesas, Guyana Francesa, Guyana y Barbados, el aborto es legal. Mientras que en el Distrito Federal de México, es legal en el primer trimestre de embarazo, aunque en el resto del país hay leyes más restrictivas.
En otros países como Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, Bolivia, entre otros, existen algunas causales de aborto impune, pero la falta de reglamentación de las leyes y las objeciones que colocan de hecho los proveedores de salud o los jueces, hacen difícil su implementación.
Y existen los casos extremos de países como Chile, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua donde la ley es totalmente restrictiva, pero ello no ha logrado que bajen las tasas de aborto inducido.
Uno de los sectores que más fuertemente ha influido en mantener e incluso endurecer las leyes del aborto, sin duda ha sido la jerarquías de las iglesias, en especial la católica y evangélicas, las que han desarrollado campañas poderosas y bien financiadas para imponer sus visiones sobre el tema, e influir directamente en los gobiernos y parlamentos. A esto se suma en los sectores aliados, conformados por los grupos mal llamados provida, que proliferan en la región sustentados por financiamientos internacionales contundentes. Y también los grupos de parlamentarios que a niveles internacionales se articulan alrededor de la defensa "de la vida", en cualquier condición.
El 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, frente a este panorama regional, se constituye en una podera acción de exigencia de las organizaciones de mujeres frente a los tomadores de decisión en cada país, para que respondan a las millones de mujeres que continúan abortando en condiciones de riesgo, corriendo el peligro de ser denunciadas y encarceladas, y en muchos casos de morir o sufrir consecuencias permanentes en su salud. Este 28 de Septiembre, por lo tanto, se realizarán acciones alrededor de un nuevo llamado a la acción: "Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir".
El aborto es un tema de derechos humanos, de dignidad y autonomía. Ninguna mujer puede ser forzada bajo el peso de argumentos religiosos, morales o de cualquier otra índole, a cursar un embarazo y asumir una maternidad que no ha elegido. Tener hijos/hijas, o no tenerlos, siempre debe constituir una práctica de libertad, nunca de imposición.
La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, uno de cuyos principios políticos es la afirmación de la reivindicación histórica de las mujeres por la libertad sexual y reproductiva y el control del propio cuerpo, como principio filosófico-político que anima nuestra acción, participa comprometidamente con esta fecha histórica para las mujeres de la región, en la certeza de que la presión social alrededor de esta problemática y la formación de alianzas con sectores clave lograrán modificar esta situación adversa en la cual más de 4 millones de latinoamericanas y caribeñas abortan cada año, la mayoría en la ilegalidad.