TRIBUNAL DE SENTENCIA RECHAZA RESOLUCIÓN DE SUSPENDER JUICIO POR GENOCIDIO DE EFRAÍN RÍOS MONTT Y JOSÉ MAURICIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Guatemala, 19 de abril de 2013
Asociación para la Justicia y Reconciliación –AJR
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH
En la jornada 21 del juicio por genocidio la Jueza Presidenta del Tribunal de Sentencia que conoce el caso, inicia la audiencia indicando que no van a acatar una orden ilegal refiriéndose a la resolución emitida por la jueza de mayor riesgo A quien el día de ayer incumplió por lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad y en cambio dictó una resolución con la pretende retrotraer el proceso a una fase ya concluida, lo cual es ilegal.
Por unanimidad, el Tribunal de Sentencia resuelve continuar con el debate oral y público que venía diligenciando ya que considera que la jueza se extralimitó en sus funciones. Sin embargo, la audiencia fue aplazada debido a que los dos acusados se presentaron a la audiencia sin abogados. La presidenta del Tribunal señaló de abandono a sus abogados y ordenó a la defensa pública penal designar abogados para la defensa de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, para que empiecen a conocer el caso.
Asimismo, el Tribunal indicó que esperarán a que sea la Corte de Constitucionalidad quien confirme la continuidad del debate, ya que es el único órgano que puede ordenarles. Al finalizar su resolución, la concurrencia en la sala (abarrotada) se puso de pie y aplaudió a Tribunal.
Posteriormente se realizó una caminata de la Corte Suprema de Justicia a la Corte de Constitucionalidad para exigir que responda prontamente sobre la ilegal resolución de la Jueza “A” Al tiempo, se presentó una queja ante la CC sobre dicha resolución ilegal.
Estaremos informando sobre la reanudación del debate e invitamos a exigir a la CC la resolución pronta y apegada a derecho.
LA HISTORIA ESCRIBE UNA PÁGINA MÁS DE IMPUNIDAD
Guatemala, 19 de abril de 2013
Asociación para la Justicia y Reconciliación –AJR
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH
Las mujeres víctimas de violencia sexual, los niños y niñas robados de sus familias, los hombres y mujeres sobrevivientes de las masacres, cometidas por el ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno, FUERON BURLADAS por la resolución emitida por el juzgado de mayor riesgo A, quien consideramos interpretó erróneamente todo lo ordenado por las Salas de apelación, la Corte Suprema de Justicia y la misma Corte de Constitucionalidad.
Su resolución sólo será nombrada en las páginas de la historia de Guatemala como IMPUNIDAD, por lo que acudiremos a todas las instancias del sistema de justicia para apelar esta resolución. Esta juez pretende dar órdenes a un Tribunal de Sentencia, cuando no tiene facultades para ello.
Alta Comisionada para los Derechos Humanos se pronuncia por la suspensión del juicio por genocidio de Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez
Ginebra, 19 de abril de 2013
COMUNICADO OFICIAL
Estamos preocupados por la suspensión del juicio contra el ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt y el ex jefe de inteligente José Mauricio Rodríguez Sánchez por genocidio y delitos de lesa humanidad. La suspensión fue ordenada por un juez distinto al que escuchaba el juicio. Esto es una afrenta para las numerosas víctimas de las atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno en Guatemala, quienes han esperado durante más de 30 años para que se lleve a cabo la justicia y se les otorguen reparaciones, y para los abogados, jueces y fiscales, que de manera valiente han luchado para asegurar que así sea.
El juicio daba a las víctimas la oportunidad, por primera vez, de presentar sus testimonios en la misma sala donde se encontraban presentes oficiales de altos mandos acusados de haber ordenado la quema de aldeas, violaciones y la ejecución de más de 1.770 indígenas Maya Ixiles en 1982 y 1983. Este importante retroceso unos días antes de la sentencia esperada, es una bofetada para muchos hombres y mujeres indígenas que tuvieron el coraje de participar como testigos en las audiencias públicas.
Reiteramos el llamado de la Alta Comisionada del 18 de marzo, a que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar un juicio justo e independiente, conforme a las garantías del debido proceso, así como adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los jueces y otros funcionarios judiciales puedan llevar a cabo sus funciones libres de amenazas, represalias e intromisiones indebidas.