Radio
Internacional Feminista presenta en la Entrevista del Mes, a dos mujeres
chilenas activistas por los derechos humanos.
Motivada
por la fisura a la impunidad ocasionada por el actual "Caso Pinochet" en
España e Inglaterra, María Suárez Toro de FIRE, entrevistó
el pasado 21 de diciembre de 1998 en Chile a Marisa Matamala y a Fanny
Pollarolo acerca del tema.
Entre
Lores, abogados, políticos y jueces, lo cierto, es que las mujeres
han sido, como bien lo han dicho las Madres de la Plaza de Mayo "las reservas
morales en la lucha por la vigencia de los derechos humanos en América
Latina".
Hoy
como ayer, aunque no son las principales voces en los medios, lo son en
los hechos: las primeras en la calle cuando se anunció la detención
de Pinochet, encabezando acciones por la justicia y manteniendo la dinámica
propuesta.
Marisa
Matamala, ex prisionera política:
Una de esas mujeres es la doctora Marisa Matamala, quien fuera
prisionera política de la Dictadura Militar Chilena, de la década
del '70. En la actualidad, es una reconocida activista por la salud de
las mujeres.
Acerca de la primera reacción de la gente en Chile, y la suya
propia, cuando escucharon que Pinochet había sido detenido en Inglaterra,
señaló: Hay una sonrisa que recorre Chile...
Apretar
FIRE le pidió a Marisa que hablara acerca de algunos de los casos
de violaciones a los derechos humanos de los que ella personalmente conoció,
y que forman parte del proceso legal en España y en Chile.
Marisa piensa que existe una inconsistencia en los chilenos que pidieron
que se anulara el fallo de los Lores, por las relaciones de Lord Hoffman
con Amnesty International; ya que esos mismos chilenos han permitido que
jueces que tienen relaciones familiares con agentes de la CNI y la
DINA (Servicio de inteligencia) estén a cargo de procesos por violaciones
a los derechos humanos.
Apretar
Consultada acerca de sus esperanzas y espectativas, Marisa cree que
es mucho lo que se ha logrado hasta ahora, pero que aún falta
mucho por hacer. También piensa que existe un doble estándar
en el derecho en Chile: ya que los mismos que han orientado la economía
hacia la globalización, son los que hablan de "soberanía",
cuando se trata de juzgar a Pinochet por violaciones a los derechos humanos.
Apretar
Fanny
Pollarollo, Parlamentaria:
Fanny Pollarolo, diputada del Partido Socialista de Chile, es también
médica psiquiatra, y por muchos años dio terapia a las víctimas
de la dictadura militar en su país.
Recientemente, lideró una delegación de chilenos que
fue a Inglaterra para entregar una carta al Gobierno, donde exponen que
juzgar a Pinochet en Chile es imposible. Esto, en respuesta a la posición
de su gobierno, que ha pedido la liberación del dictador, para que
sea juzgado en Chile.
En entrevista con FIRE, señaló el papel de las mujeres
en la lucha contra la impunidad.
Apretar
Fanny nos explica llas limitaciones de la justicia chilena,
dejando en evidencia que en Chile no hay condiciones para juzgar a Pinochet.
Apretar
Antes de comenzar la entrevista, Fanny usó una imagen de un espejo
para describir lo que ha causado en Chile la detención de Pinochet.
FIRE le pidió que compartiera esta imagen con la audiencia.
Apretar
FIRE uso esa misma imagen para preguntarle sobre justicia e impunidad
en América Latina:
Apretar
FIRE le pidió que compartiera con la audiencia la voz de alguna
mujer que le hubiera impresionado cuando trabajaba dando terapias.
Fanny cuenta la historia de la Sra. Lula, una empleada doméstica,
que sufrió la desaparición de su única hija, cuando
estaba embarazada de su único nieto. La historia de esta mujer,
se convirtió en una fuente de fuerza para ella.
Finalizando la entrevista comparte sus esperanzas y temores en relación
al "Caso Pinochet" y los efectos que ha tenido en Chile. Fanny Pollarolo
vislumbra la necesidad de organizarse de acuerdo a la voluntad de la mayoria
de la gente en Chile, que quiere democracia, en medio de una larga concentración
del poder, de quienes se oponen a ella.
Apretar
Reportaje
del Mes:
Sorpresa
y Esperanza
Pinochet
Ante la Justicia
Todo parecía indicar que Augusto Pinochet Ugarte concluiría
su carrera revestido de gloria y tranquilidad, sin que los crímenes
y horrores cometidos bajo su amparo le alcanzaran.
El 10 de marzo del 98, entre palabras de agradecimiento y lágrimas
entregó el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de
Chile - el cual desempeñó por 24 años-. Sus colegas
le despidieron sin escatimar en honores.
Siguiendo el curso de un retiro "victorioso", el 11 de marzo juró
como Senador Vitalicio en el Parlamento chileno, desatando una ola de enfrentamientos
entre sus partidarios y detractores, que evidenció una profunda
fractura en el cuestionado proceso de reconciliación chileno.
El hecho que cambió drásticamente los planes del ex dictador
de vivir sus últimos años "honorablemente", ocurrió
el viernes 16 de octubre en la London Clinic, en Londres, donde se recuperaba
de una intervención quirúrgica. Oficiales de la policía
de Scotland Yard, ingresaron a su habitación a la medianoche y le
informaron que se encontraba detenido, en virtud de una orden de extradición
impuesta por España en su contra.
El Proceso en España y la
Respuesta del Gobierno Chileno
El paso inicial de esta inesperada detención se dio en España
el 4 de julio de 1996, cuando el Dr. Miguel Miravet, Fiscal en el Tribunal
Superior de Justicia de Valencia, en su condición de Presidente
de la Unión Progresista de Fiscales de España, interpuso
una denuncia por los crímenes contra la Humanidad, de genocidio
y terrorismo, cometidos entre 1973 y 1990 por Augusto Pinochet, los integrantes
de la Junta de Gobierno de Chile y altos funcionarios y oficiales de las
Fuerzas Armadas y Carabineros.
El caso quedó en manos de Baltasar Garzón, juez del Gabinete
de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional Española.
Sus pesquisas derivaron hacia la "Operación Cóndor", que
involucró a distintos organismos represivos sudamericanos.
En julio, se inició otra acción legal contra la Junta
Militar chilena, que fue asumida por Manuel García Castellón,
juez de Gabinete de Instrución Nº 6. La denuncia identifica
a siete ciudadanas y ciudadanos españoles asesinados y detenidos
desaparecidos durante el régimen militar, y se fundamenta en el
Tratado Bilateral de Extradición entre Chile y España y el
Derecho Penal Internacional vinculante para ambos Estados.
Posteriormente, la Fundación española Presidente
Allende, interpuso una querella que identificó entre las víctimas
a más de tres mil personas asesinadas y detenidas desaparecidas
de una decena de nacionalidades, entre las que se incluyen españoles
y descendientes de españoles.
El juez García Castellón se inhabilitó del proceso
por considerar que la causa y sus antecedentes coincidían con el
que desarrollaba Garzón. De esta forma, toda la información
y las denuncias quedaron concentradas en un sólo expediente en manos
del juez Baltazar Garzón
El gobierno chileno respondió públicamente con cierta
indiferencia, argumentando los principios de soberanía nacional
que impiden que otro Estado juzgue los delitos cometidos en Chile. A través
de la prensa, los personeros del gobierno transmitieron una actitud de
despreocupación y tranquilidad. Sin embargo, enviaron a delegados
especiales para informarse acerca del proceso y para tratar
de detener el avance del mismo.
Tan poco crédito se le dio al juicio español, que se pasaron
por alto las palabras premonitorias del Ministro de Relaciones Exteriores,
José Miguel Insulza, que en octubre de 1997, declaraba en La Haya
acerca del no reconocimiento de la jurisdicción española:
"Nosotros no actuamos ni a favor ni en contra del proceso; nosotros lo
ignoramos, no lo seguimos, no lo atendemos ni tampoco lo criticamos...
esto no va a llegar a ninguna parte, España no puede juzgar en ausencia
del presunto culpable. Por lo tanto, lo único que puede hacer el
juez es emitir una orden de detención, a menos que algunos de estos
señores decidiera presentarse al tribunal o salir de viaje y ser
detenido en algún aeropuerto por la Interpol".
Las Pruebas que aportó
la "Operación Condor"
El 25 de julio de 1997, la Fiscal estadounidense, Janet Reno ordenó
la "declasificación" de los archivos oficiales de la CIA y el FBI
sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile, para colaborar
en el juicio español contra Pinochet. La decisión de la Fiscal
se vio respaldada por las declaraciones del Presidente del Comité
de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Benjamín
Gilman; el Consejero Nacional de Seguridad, Sandy Berger; y el Asesor de
Derechos Humanos del Departamento de Estado, John Shattuck.
Estos documentos, junto a los "Archivos del Terror" de la "Operación
Cóndor", que fueron encontrados en Paraguay en 1992, inculpan
directamente a Pinochet y a sus más cercanos colaboradores en la
implementación de un eficiente sistema de exterminio de personalidades
contrarias a su régimen.
La "Operación Cóndor" fue una asociación de dictadores
sudamericanos que a través de los servicios de "inteligencia", extendieron
su poder de aniquilación de los valores izquierdistas y las figuras
demócratas de oposición a sus dictaduras. Actuaron en conjunto
en Chile, Argentina, Perú, Paraguay, Brasil, Estados Unidos e Italia.
Entre algunas de sus víctimas se encuentra Orlando Letelier , el
General Prats y su esposa, Carmelo Soria, Bernardo Leighton y su esposa
entre otros.
La detención de Pinochet remeció al sector político
chileno, pero más profundamente a la opinión pública
que, acostumbrada al áurea de impunidad que rodea al dictador y
a los tibios e inútiles esfuerzos por juzgarle, no podía
creer que el gran estadista de Chile - como le llaman sus correligionarios
derechistas -, hubiera sido al fin alcanzado por la mano de la justicia
y que fuera vulnerable a ella.
El 25 de noviembre, cuando el ex general Pinochet cumplía 83
años, por 3 votos contra 2, la sala de apelación de la Cámara
de los Lores falla a favor de la apelación interpuesta por los abogados
del juez Baltazar Garzón y niega la inmunidad soberana. De esta
forma, el más alto tribunal británico pautó el inicio
del proceso de extradición contra Pinochet, y deja todo en manos
de Jack Straw, quien decidió cursar a los tribunales ingleses la
petición de extradición española.
No obstante, y ante el asombro y la indignación de la comunidad
mundial el 17 de diciembre de 1998, el fallo que había negado a
Pinochet la inmunidad soberana es anulado en virtud de que uno de los Lores
que participó en ese juicio, Lord Leonard Hoffman, había
trabajado con una organización adscrita a Amnesty International,
entidad de derechos humanos que apoyó el arresto del genocida.
En Chile, La Diosa Justicia Ha
Sido Silenciada
Antes de dejar el poder el dictador tomó una serie de medidas
tendientes a asegurar que ni él ni sus colaboradores fueran enjuiciados
por los crímenes cometidos bajo su régimen.
En 1978 los militares dictaron el decreto-ley de amnistía
o de auto perdón, que no permite el enjuiciamiento por las violaciones
a lo derechos humanos cometidas entre 1973 y 1978. Pinochet quiso terminar
su gobierno con otra ley de amnistía para cubrir el período
entre 1978 y 1990, pero sus asesores le disuadieron dado que era una medida
impresentable.
En 1980 el dictador modificó la Constitución para que
luego del cambio de gobierno, los altos mandos de las Fuerzas Armadas y
el cargo de Comandante en Jefe de ellas, fueran inamovibles. Esto posibilitó
que los militares ejercieran y manifestaran su poder en momentos
de fricción con el gobierno. Ejemplos de esto fueron el "ejercicio
de alistamiento y enlace" a fines del año 1990 y "el boinazo" en
1993, en ambos casos los movimientos fueron motivados -a modo de amenaza-
por coyunturas en torno a los derechos humanos y la exigencia de los uniformados
por darle término, mediante alguna solución equivalente a
la amnistía.
El modelo económico impuesto por la dictadura y la Constitución
de 1980 fueron los elementos que sustentaron la "democracia tutelada" de
Chile.
Un grupo de parlamentarios socialistas, encabezados por Fanny Pollarolo,
viajó en noviembre a Londres para entregar una carta al Ministro
Interior británico Jack Straw, donde exponen las razones por las
cuales Pinochet no puede ser juzgado en Chile. Entre ellos estaba la hija
del Presidente Allende, Isabel Allende, Pamela Pereira, Sofía Prats
y Juan Pablo Letelier.
La Diosa Justicia en las manos de
los Lores
El 18 de enero de 1999 se inició un nuevo juicio para decidir
si el general Pinochet goza o no de inmunidad soberana. El juez Baltazar
Garzón siguió de cerca todos los detalles del juicio y preparó
junto con Allun Jones, Fiscal que encabeza la Fiscalía británica,
los argumentos para convencer a los Lores de que el dictador no cuenta
con inmunidad.
En esta ocasión, la comisión de los Lores está
compuesta por Lord Golf, Lord Hope, Lord Hutton, Lor Saville, Lord Millet
y Lord Philes, todos ellos liderados por Lord Browne-Wilkinson.
El alegato de la parte acusadora está
basado en el hecho de que Pinochet dirigió y participó en
una conspiración previa, cometiendo una serie de actos criminales
antes de asumir el poder el 11 de septiembre de 1973, tras derrocar el
gobierno democrático de Salvador Allende.
En tanto, la parte defensora ha basado su alegato en el hecho de que
Pinochet cuenta con inmunidad, en su calidad de ex gobernante de Chile.
El Derecho International Consuetudinario o de costumbres, por el cual se
rige Inglaterra, establece que "un jefe de Estado goza de completa inmunidad
para todos los actos que se hayan realizando durante su gobierno". La abogada
Claire Montgomery, quien encabeza la defensa del dictador, declaró
que en su opinión el delito de tortura "no impacta en su inmunidad
de jefe de Estado".
Sin embargo, la tesis de la defensa se ve cuestionada por la Convención
Internacional contra la Tortura y el Terrorismo, que permite el enjuiciamiento
de cualquier individuo sobre la base de cargos como los planteados. Los
fiscales subrayaron que Chile ratificó este tratado en 1988. Sobre
la base de este argumento, se sostuvo que si el Reino Unido no juzgaba
a Pinochet en su territorio, está obligado a permitir su extradición
a España para que responda a los cargos que le formula Garzón.
La comunidad internacional espera el fallo que definirá la suerte
de Augusto Pinochet para mediados de marzo. Durante los últimos
días la prensa española ha señalado que según
versiones extraoficiales, el fallo será favorable a Pinochet. Contrariamente,
el periodismo británico ha dado como ganador al proceso español,
dirigido por el juez Baltasar Garzón
Sin embargo, más allá de lo que definan los Lores y sin
importar si Pinochet llega ser juzgado por algún tribunal, se ha
sentado un precedente a nivel mundial: las violaciones a los derechos
humanos no pueden ocultarse, ni olvidarse. La sociedad mundial necesita
que los responsables de estas violaciones reconozcan sus crímenes
y pagen por ello. En este sentido, Pinochet ha significado el inicio del
quebrantamiento de la impunidad.
Vuelva a visitarnos en el
transcurso del mes, haremos actualizaciones de acuerdo a los hechos que
se susciten.
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