Entrevistas
de Marzo 1999 El "Caso Pinochet": Una Fisura a la Impunidad |
Apretar Programa :"Está Legal: Voces de Mujeres desde América Latina" Título: Mujeres en Primera Línea Tema: el Caso Pinochet y el Protagonismo de las Mujeres en la Defensa de los Derechos Humanos. Entrevista en vivo a la abogada feminista Ana Elena Obando y un reportaje con Ana María Arenas, ex-prisionera política durante la dictadura de Pinochet. Duración: 58 minutos Fecha: 24 de marzo de 1999. Autora: Katerina Anfossi |
Actualización
8 de octubre
Pinochet fue declarado extraditable por el juez británico Ronald
Bartle, esta madrugada en Londres. El juzgado de Bowl Street decidió
aceptar todas las pruebas presentadas por la fiscalía, que estaban
en la petición de extradición del juez español, Baltazar
Garzón. Las pruebas consisten en 34 casos de tortura y uno de conspiración
para la tortura, duarante el último período de la dictadura
de Pinochet.
Fuente: La Tercera en Internet www.tercera.cl |
Radio Internacional Feminista presenta en la Entrevista del Mes, a dos mujeres chilenas activistas por los derechos humanos. Motivada por la fisura a la impunidad ocasionada por el actual "Caso Pinochet" en España e Inglaterra, María Suárez Toro de FIRE, entrevistó el pasado 21 de diciembre de 1998 en Chile a Marisa Matamala y a Fanny Pollarolo acerca del tema. Entre Lores, abogados, políticos y jueces, lo cierto, es que las mujeres han sido, como bien lo han dicho las Madres de la Plaza de Mayo "las reservas morales en la lucha por la vigencia de los derechos humanos en América Latina". Hoy como ayer, aunque no son las principales voces en los medios, lo son en los hechos: las primeras en la calle cuando se anunció la detención de Pinochet, encabezando acciones por la justicia y manteniendo la dinámica propuesta. Marisa Matamala, ex prisionera política: Una de esas mujeres es la doctora Marisa Matamala, quien fuera
prisionera política de la Dictadura Militar Chilena, de la década
del '70. En la actualidad, es una reconocida activista por la salud de
las mujeres.
FIRE le pidió a Marisa que hablara acerca de algunos de los casos
de violaciones a los derechos humanos de los que ella personalmente conoció,
y que forman parte del proceso legal en España y en Chile.
Consultada acerca de sus esperanzas y espectativas, Marisa cree que
es mucho lo que se ha logrado hasta ahora, pero que aún falta
mucho por hacer. También piensa que existe un doble estándar
en el derecho en Chile: ya que los mismos que han orientado la economía
hacia la globalización, son los que hablan de "soberanía",
cuando se trata de juzgar a Pinochet por violaciones a los derechos humanos.
Fanny Pollarollo, Parlamentaria: Fanny Pollarolo, diputada del Partido Socialista de Chile, es también
médica psiquiatra, y por muchos años dio terapia a las víctimas
de la dictadura militar en su país.
En entrevista con FIRE, señaló el papel de las mujeres
en la lucha contra la impunidad.
Fanny nos explica llas limitaciones de la justicia chilena,
dejando en evidencia que en Chile no hay condiciones para juzgar a Pinochet.
Antes de comenzar la entrevista, Fanny usó una imagen de un espejo
para describir lo que ha causado en Chile la detención de Pinochet.
FIRE le pidió que compartiera esta imagen con la audiencia.
FIRE uso esa misma imagen para preguntarle sobre justicia e impunidad
en América Latina:
FIRE le pidió que compartiera con la audiencia la voz de alguna
mujer que le hubiera impresionado cuando trabajaba dando terapias.
Todo parecía indicar que Augusto Pinochet Ugarte concluiría su carrera revestido de gloria y tranquilidad, sin que los crímenes y horrores cometidos bajo su amparo le alcanzaran. El 10 de marzo del 98, entre palabras de agradecimiento y lágrimas entregó el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile - el cual desempeñó por 24 años-. Sus colegas le despidieron sin escatimar en honores. Siguiendo el curso de un retiro "victorioso", el 11 de marzo juró como Senador Vitalicio en el Parlamento chileno, desatando una ola de enfrentamientos entre sus partidarios y detractores, que evidenció una profunda fractura en el cuestionado proceso de reconciliación chileno. El hecho que cambió drásticamente los planes del ex dictador de vivir sus últimos años "honorablemente", ocurrió el viernes 16 de octubre en la London Clinic, en Londres, donde se recuperaba de una intervención quirúrgica. Oficiales de la policía de Scotland Yard, ingresaron a su habitación a la medianoche y le informaron que se encontraba detenido, en virtud de una orden de extradición impuesta por España en su contra. El Proceso en España y la Respuesta del Gobierno Chileno El paso inicial de esta inesperada detención se dio en España el 4 de julio de 1996, cuando el Dr. Miguel Miravet, Fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en su condición de Presidente de la Unión Progresista de Fiscales de España, interpuso una denuncia por los crímenes contra la Humanidad, de genocidio y terrorismo, cometidos entre 1973 y 1990 por Augusto Pinochet, los integrantes de la Junta de Gobierno de Chile y altos funcionarios y oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros. El caso quedó en manos de Baltasar Garzón, juez del Gabinete de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional Española. Sus pesquisas derivaron hacia la "Operación Cóndor", que involucró a distintos organismos represivos sudamericanos. En julio, se inició otra acción legal contra la Junta Militar chilena, que fue asumida por Manuel García Castellón, juez de Gabinete de Instrución Nº 6. La denuncia identifica a siete ciudadanas y ciudadanos españoles asesinados y detenidos desaparecidos durante el régimen militar, y se fundamenta en el Tratado Bilateral de Extradición entre Chile y España y el Derecho Penal Internacional vinculante para ambos Estados. Posteriormente, la Fundación española Presidente Allende, interpuso una querella que identificó entre las víctimas a más de tres mil personas asesinadas y detenidas desaparecidas de una decena de nacionalidades, entre las que se incluyen españoles y descendientes de españoles. El juez García Castellón se inhabilitó del proceso por considerar que la causa y sus antecedentes coincidían con el que desarrollaba Garzón. De esta forma, toda la información y las denuncias quedaron concentradas en un sólo expediente en manos del juez Baltazar Garzón El gobierno chileno respondió públicamente con cierta indiferencia, argumentando los principios de soberanía nacional que impiden que otro Estado juzgue los delitos cometidos en Chile. A través de la prensa, los personeros del gobierno transmitieron una actitud de despreocupación y tranquilidad. Sin embargo, enviaron a delegados especiales para informarse acerca del proceso y para tratar de detener el avance del mismo. Tan poco crédito se le dio al juicio español, que se pasaron por alto las palabras premonitorias del Ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, que en octubre de 1997, declaraba en La Haya acerca del no reconocimiento de la jurisdicción española: "Nosotros no actuamos ni a favor ni en contra del proceso; nosotros lo ignoramos, no lo seguimos, no lo atendemos ni tampoco lo criticamos... esto no va a llegar a ninguna parte, España no puede juzgar en ausencia del presunto culpable. Por lo tanto, lo único que puede hacer el juez es emitir una orden de detención, a menos que algunos de estos señores decidiera presentarse al tribunal o salir de viaje y ser detenido en algún aeropuerto por la Interpol". Las Pruebas que aportó la "Operación Condor" El 25 de julio de 1997, la Fiscal estadounidense, Janet Reno ordenó la "declasificación" de los archivos oficiales de la CIA y el FBI sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile, para colaborar en el juicio español contra Pinochet. La decisión de la Fiscal se vio respaldada por las declaraciones del Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Benjamín Gilman; el Consejero Nacional de Seguridad, Sandy Berger; y el Asesor de Derechos Humanos del Departamento de Estado, John Shattuck. Estos documentos, junto a los "Archivos del Terror" de la "Operación Cóndor", que fueron encontrados en Paraguay en 1992, inculpan directamente a Pinochet y a sus más cercanos colaboradores en la implementación de un eficiente sistema de exterminio de personalidades contrarias a su régimen. La "Operación Cóndor" fue una asociación de dictadores sudamericanos que a través de los servicios de "inteligencia", extendieron su poder de aniquilación de los valores izquierdistas y las figuras demócratas de oposición a sus dictaduras. Actuaron en conjunto en Chile, Argentina, Perú, Paraguay, Brasil, Estados Unidos e Italia. Entre algunas de sus víctimas se encuentra Orlando Letelier , el General Prats y su esposa, Carmelo Soria, Bernardo Leighton y su esposa entre otros. La detención de Pinochet remeció al sector político chileno, pero más profundamente a la opinión pública que, acostumbrada al áurea de impunidad que rodea al dictador y a los tibios e inútiles esfuerzos por juzgarle, no podía creer que el gran estadista de Chile - como le llaman sus correligionarios derechistas -, hubiera sido al fin alcanzado por la mano de la justicia y que fuera vulnerable a ella. El 25 de noviembre, cuando el ex general Pinochet cumplía 83 años, por 3 votos contra 2, la sala de apelación de la Cámara de los Lores falla a favor de la apelación interpuesta por los abogados del juez Baltazar Garzón y niega la inmunidad soberana. De esta forma, el más alto tribunal británico pautó el inicio del proceso de extradición contra Pinochet, y deja todo en manos de Jack Straw, quien decidió cursar a los tribunales ingleses la petición de extradición española. No obstante, y ante el asombro y la indignación de la comunidad
mundial el 17 de diciembre de 1998, el fallo que había negado a
Pinochet la inmunidad soberana es anulado en virtud de que uno de los Lores
que participó en ese juicio, Lord Leonard Hoffman, había
trabajado con una organización adscrita a Amnesty International,
entidad de derechos humanos que apoyó el arresto del genocida.
Antes de dejar el poder el dictador tomó una serie de medidas tendientes a asegurar que ni él ni sus colaboradores fueran enjuiciados por los crímenes cometidos bajo su régimen. En 1978 los militares dictaron el decreto-ley de amnistía o de auto perdón, que no permite el enjuiciamiento por las violaciones a lo derechos humanos cometidas entre 1973 y 1978. Pinochet quiso terminar su gobierno con otra ley de amnistía para cubrir el período entre 1978 y 1990, pero sus asesores le disuadieron dado que era una medida impresentable. En 1980 el dictador modificó la Constitución para que luego del cambio de gobierno, los altos mandos de las Fuerzas Armadas y el cargo de Comandante en Jefe de ellas, fueran inamovibles. Esto posibilitó que los militares ejercieran y manifestaran su poder en momentos de fricción con el gobierno. Ejemplos de esto fueron el "ejercicio de alistamiento y enlace" a fines del año 1990 y "el boinazo" en 1993, en ambos casos los movimientos fueron motivados -a modo de amenaza- por coyunturas en torno a los derechos humanos y la exigencia de los uniformados por darle término, mediante alguna solución equivalente a la amnistía. El modelo económico impuesto por la dictadura y la Constitución de 1980 fueron los elementos que sustentaron la "democracia tutelada" de Chile. Un grupo de parlamentarios socialistas, encabezados por Fanny Pollarolo, viajó en noviembre a Londres para entregar una carta al Ministro Interior británico Jack Straw, donde exponen las razones por las cuales Pinochet no puede ser juzgado en Chile. Entre ellos estaba la hija del Presidente Allende, Isabel Allende, Pamela Pereira, Sofía Prats y Juan Pablo Letelier. La Diosa Justicia en las manos de los Lores El 18 de enero de 1999 se inició un nuevo juicio para decidir si el general Pinochet goza o no de inmunidad soberana. El juez Baltazar Garzón siguió de cerca todos los detalles del juicio y preparó junto con Allun Jones, Fiscal que encabeza la Fiscalía británica, los argumentos para convencer a los Lores de que el dictador no cuenta con inmunidad. En esta ocasión, la comisión de los Lores está compuesta por Lord Golf, Lord Hope, Lord Hutton, Lor Saville, Lord Millet y Lord Philes, todos ellos liderados por Lord Browne-Wilkinson. El alegato de la parte acusadora está basado en el hecho de que Pinochet dirigió y participó en una conspiración previa, cometiendo una serie de actos criminales antes de asumir el poder el 11 de septiembre de 1973, tras derrocar el gobierno democrático de Salvador Allende. En tanto, la parte defensora ha basado su alegato en el hecho de que Pinochet cuenta con inmunidad, en su calidad de ex gobernante de Chile. El Derecho International Consuetudinario o de costumbres, por el cual se rige Inglaterra, establece que "un jefe de Estado goza de completa inmunidad para todos los actos que se hayan realizando durante su gobierno". La abogada Claire Montgomery, quien encabeza la defensa del dictador, declaró que en su opinión el delito de tortura "no impacta en su inmunidad de jefe de Estado". Sin embargo, la tesis de la defensa se ve cuestionada por la Convención
Internacional contra la Tortura y el Terrorismo, que permite el enjuiciamiento
de cualquier individuo sobre la base de cargos como los planteados. Los
fiscales subrayaron que Chile ratificó este tratado en 1988. Sobre
la base de este argumento, se sostuvo que si el Reino Unido no juzgaba
a Pinochet en su territorio, está obligado a permitir su extradición
a España para que responda a los cargos que le formula Garzón.
Sin embargo, más allá de lo que definan los Lores y sin importar si Pinochet llega ser juzgado por algún tribunal, se ha sentado un precedente a nivel mundial: las violaciones a los derechos humanos no pueden ocultarse, ni olvidarse. La sociedad mundial necesita que los responsables de estas violaciones reconozcan sus crímenes y pagen por ello. En este sentido, Pinochet ha significado el inicio del quebrantamiento de la impunidad. Vuelva a visitarnos en el
transcurso del mes, haremos actualizaciones de acuerdo a los hechos que
se susciten.
(oficina@radiofeminista.net) |
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