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Mujeres en la región aún temen denunciar actos de violencia


11 de setiembre del 2012
Nathalia Rojas Zúñiga/Radio Internacional Feminista


Las mujeres latinoamericanas que sufren violencia aún se mantienen en silencio o desisten de continuar con las denuncias, debido a que el sistema judicial no les da el apoyo necesario o las revictimiza.

En entrevista con RIF, expertas de ONU-MUJERES detallaron cuáles son los principales obstáculos que se topan las víctimas de violencia, luego de presentar sus ponencias en el panel “Un desafío de la Justicia del Siglo XXI: El fin de la impunidad de los delitos de violencia contra las mujeres”.
 

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nadine_gassman1La directora regional para América Latina y el Caribe de la campaña “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres” Nadine Gasman, explicó que al analizar datos de acceso a la justicia, se encuentra que hay un gran número de denuncias que no llegan a sentencia, y que las mujeres que denuncian son muy pocas, comparadas con la cantidad que sufren distintos tipos de violencia.

El principal temor de las mujeres víctimas radica en lo que les puede suceder si denuncian. Gasman criticó que los operadores de justicia demuestran sus prejuicios y misoginia cuando tratan a las mujeres, por lo que muchas deciden no acudir a las autoridades, porque acaban siendo expuestas por un sistema que no les cree.

“(Ellas) piensan que el sistema de justicia no les va a responder por esos prejuicios, esa idea de culpabilizarlas por lo que les pasa, por los roles tradicionales y falta de entendimiento de qué es la violencia contra las mujeres”.

La representante reconoció que hay avances, pues ahora es un tema que está en la agenda pública y las propias mujeres identifican y saben que la violencia no es natural. En ese sentido, la campaña “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres” es uno de los éxitos del movimiento feminista, expresó. Fue el mismo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas Ban Ki-moon que la impulsó; por tal motivo, todas las agencias de esta entidad deben responder a esta.

Por otra parte, Teresa Zapeta, coordinadora subregional del programa de Mujeres indígenas de ONU-MUJERES, comentó que las limitaciones en el acceso a la justicia se incrementan si se trata de grupos vulnerables. Las mujeres indígenas sufren una doble discriminación, por su condición de género y su origen étnico, y los patrones culturales pesan a sobremanera en estas circunstancias.

 

El principal escollo es que al interponer una denuncia, las estructuras del estado carecen de la apertura mental para reconocer que deben actuar eficazmente para ayudarlas a resolver las situaciones de violencia que atraviesan. “Las instituciones no están preparadas, no tienen oficinas específicas. La mujer se desespera y abandona su caso, porque hay tráfico de influencias, no se investiga y hay impunidad”, indicó.

El idioma es otra barrera, ya que los funcionarios no hablan su lengua materna, lo que dificulta resolver su problema. La lejanía de las comunidades indígenas y la dependencia económica de las mujeres agravan sus situaciones de violencia.

Zapeta considera fundamental que los estados revisen los marcos nacionales e internacionales, con el fin de que se avance en el acceso a la justicia, principalmente para las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad. De seguido, convertir esos marcos en políticas públicas y acciones afirmativas es una estrategia para generar más equidad y oportunidades, y que estas mujeres sean capaces de salir de esos ambientes violentos.

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Zarela Villanueva, Tracy Robinson y Teresa Zapeta
 
 
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