Radio
Internacional Feminista/
febrero2003
SOLIDARIDAD CON UNA NIÑA DE 9 AÑOS/
Las organizaciones y personas abajo firmantes, profundamente
conmovidas por las agresiones vividas por una niña nicaragüense de 9
años, violada y embarazada en Costa Rica, condenamos la brutal
violencia de que ha sido objeto, nos solidarizamos con ella y su familia
y
DENUNCIAMOS:
-
Que muchos medios de comunicación han convertido esta dolorosa
situación en un espectáculo irrespetuoso para la niña y su
familia, quienes por su condición de migrantes se encontraban en
situación de desventaja para defenderse del acoso a que fueron
sometidos.
-
Que desde que en el Hospital de Turrialba se conoció de su
condición de embarazo, sin considerar las implicaciones que pudiera
tener para la niña, algunos médicos brindaron información a los
medios de comunicación, irrespetando el derecho de la niña a su
privacidad y a la protección de su imagen.
-
Que a pesar de que el Dr. Troper, uno de los médicos a cargo de
la niña, diera declaraciones señalando que se trata de un embarazo
de alto riesgo y que una niña de esa edad "no tiene las
condiciones intelectuales, psicológicas ni fisiológicas para
enfrentar el nacimiento y la crianza de otro niño" (La Nación
31/01/03), la niña fue atendida médicamente con el fin prioritario
de no arriesgar el embarazo sin tomar en cuenta su salud y bienestar
integrales.
-
Que los médicos del Hospital de Turrialba declararon descartar la
interrupción del embarazo por "estar sólo permitida en casos
comprobados en que la vida de la madre corre riesgo" y porque
"la niña cumplió los tres meses que contempla la ley"
(La Nación, 5/2/03), lo cual es falso, pues el artículo 121 del
Código Penal permite este tipo de intervención en caso de riesgo
para la vida o la salud de la mujer y no establece límite de tiempo
para ser ejecutada.
-
Que los padres de la niña no fueron informados de los riesgos
inmediatos y futuros que su hija enfrenta producto de ese embarazo,
ni del derecho que la niña tenía de interrumpirlo por razones de
salud, tal como autoriza el artículo 121 del Código Penal de Costa
Rica. Este hecho es especialmente grave dada la desprotección
particular que vivieron por el hecho de ser migrantes y analfabetas.
-
Que los padres no recibieron tampoco información adecuada sobre
las infecciones de transmisión sexual detectadas en la niña, ni de
sus riesgos ni tratamiento, y que ignoraron durante todo el tiempo
de estadía en Costa Rica si estas infecciones fueron debidamente
tratadas o no, pues la niña fue dada de alta sin ningún
tratamiento para estas infecciones y recibieron información
contradictoria de los dos Hospitales donde la niña estuvo.
-
Que teniendo 9 años, la niña fue hospitalizada durante 22 días,
manteniéndosela en la sala de maternidad y no en las dedicadas a la
infancia, coartándosele la posibilidad de hacer su vida ordinaria
de niña, con el objetivo de que no arriesgara el embarazo, lo que
representa una violación a sus derechos como niña..
-
Que desde su estadía en el Hospital de Turrialba la niña ha sido
manipulada emocionalmente por las instituciones y sus representantes
para forzarla a considerarse madre responsable, recibiendo como
"regalo" el ecograma que se le practicó, revistas sobre
nutrición, y preguntas sobre si sentía ya al bebe moverse.
-
Que la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos, a través de su
Fiscal, el Dr. Eliseo Monge, participó del engaño y la
manipulación al declarar públicamente que "no podemos llegar
a sacrificar una vida humana para defender otra" (Noticias
Repretel, edición del medio día del 12 de febrero del 2003)
ocultando una práctica cotidiana y legal en Costa Rica como es la
interrupción del embarazo por razones terapéuticas.
-
Que por la institucionalización sufrida por mas de 3 semanas, la
niña no pudo rendir declaración hasta el día 11 de febrero,
retrasándose el proceso judicial y la detención del señalado como
violador.
-
Que ante estas flagrantes violaciones de los derechos de la niña,
las intervenciones del PANI han ido en el sentido de reforzar la
línea definida por los médicos del Hospital de Turrialba,
anteponiendo el interés de salvaguardar el embarazo a la defensa de
los derechos de la niña.
-
Que la intervención del PANI ha carecido de la sensibilidad
humana y la solidaridad necesaria, priorizando los aspectos
administrativos y formales, sin atender las necesidades de la niña,
sin asumir su condición de niña y su derecho a su bienestar
integral.
-
Que las iniciativas desarrolladas por la Defensoría de la Niñez
no han servido para reorientar el curso de los acontecimientos.
-
Que esta situación ha puesto a prueba el sistema de instituciones
responsables de defender los derechos de las niñas, reto que dicho
sistema no ha estado en condiciones y capacidad de enfrentar
adecuadamente desde un enfoque de derechos.
AFIRMAMOS:
-
Que su embarazo, contrario a como en muchos medios se ha abordado,
no constituye un embarazo adolescente, sino una manifestación
brutal de violencia, de graves e inevitables implicaciones para la
vida presente y futura de la niña.
Por todas las razones antes expuestas,
EXIGIMOS:
-
Que la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa y el
Defensor de los Habitantes investiguen las actuaciones de los
médicos del Hospital de Turrialba para identificar responsables
sobre las violaciones a los derechos de las niñas señalados
previamente en los puntos 2 a 8 para que se establezcan las
responsabilidades y sanciones del caso.
-
Que se investigue las actuaciones de los médicos del Hospital
Calderón Guardia sobre los puntos 3, 5 y 6 antes señalados para
que se establezcan las responsabilidades y sanciones del caso.
-
La destitución del M. Sc. Mario Víquez como Defensor de la
Niñez ante la incapacidad mostrada para confrontar en forma
efectiva la actuación revictimizante de las instituciones estatales
y proteger los derechos de la niña, en particular su derecho al
bienestar y la salud integral.
- La destitución inmediata de la Licda. Rosalía Gil como
Presidenta Ejecutiva del PANI y Ministra de la Niñez, por su
incapacidad de defender los derechos fundamentales de la niña,
anteponiendo sus criterios personales a estos derechos y a la
legislación vigente en Costa Rica.
- La reparación integral del daño infringido contra la niña.
Campaña Yo también
quiero ser excomulgada
La
Iglesia Católica excomulgó a la madre y padre de la niña nicaraguense
violada y embarazada en Costa Rica, por haber autorizado el aborto terapéutico.
Por ello la Red Estatal de Organizaciones Feminista contra la Violencia de Género
en España, han lanzado la Campaña Internacional "Yo también quiero ser
excomulgada/o". Para mayor información visite:
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