Hay dos aspectos prioritarios a reportar de la gira del proyecto Alas
de Mariposa con cobertura de Radio Internacional Feminista:
1. Género y
violencia contra las mujeres en la Costa Atlántica de Nicaragua
2. Discriminación contra las mujeres negras de la Costa Atlántica
de Nicaragua
1. GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA COSTA ATLÁNTICA
DE NICARAGUA
Según el “Diagnóstico de género en las
Regiones Autónomas de la Costa Caribe” por Bernardine Dixon - María
Olimpia Torres Serie Cuadernos de Género para Banco Mundial Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), 2008:
La posibilidad de subregistro en las cifras correspondientes a las mujeres
es alta si se considera la fuerte tendencia a no denunciar los delitos que
más las afectan (violencia Intrafamiliar y sexual).
La violencia intrafamiliar (VIF) es un problema serio en la Costa
Caribe. La RAAN y la RAAS ocupan el tercer y quinto lugar,
respectivamente, entre los departamentos con mayor prevalencia: más
de 3 mujeres de cada 10 han sido víctimas. La RAAN presenta la
prevalencia más alta de violencia física del país con 31,6 % (INEC,
2001).
La relación hombre-mujer como víctimas de VIF varía según las
edades (CMN-Bluefields, 2005-2006): entre las víctimas de 13 años o
menos esta relación presenta poca diferencia, pero a partir de los 18
años es casi cinco veces más frecuente entre las mujeres, incrementándose
hasta casi ocho veces para las edades entre 36 a 40 años. A partir de
este rango de edad, la relación se va reduciendo, aunque siempre es más
frecuente en las mujeres. Según un estudio realizado en Bluefields
(Rodríguez, 2005), el 20% de las mujeres urbanas con pareja reportó
haber recibido golpes durante su embarazo, lo cual prácticamente
duplica el promedio nacional de 2001.
Analizando la población atendida por las Comisarías de Mujer y Niñez
(CMN)
en Puerto Cabezas y Bluefields, el 83,1% de los casos corresponde a
mujeres, quienes especialmente acuden a estas instancias para
denunciar situaciones de violencia intrafamiliar (77,6% del total de
denuncias de mujeres). Igualmente destaca una creciente denuncia de
casos de este tipo de delito por parte de varones, especialmente en la
CMN de Bluefields, donde ascienden al 21% del total.
Los delitos de violencia sexual, por su parte, siguen siendo casi en
su totalidad denunciados por mujeres (96,2%). Los mismos datos indican
que las mujeres atendidas por las CMN en Puerto Cabezas son en su gran
mayoría miskitas (92,5%) y, en un lejano segundo lugar, mestizas
(5%). En Bluefields las mestizas ocupan el primer lugar (65%) y las
kriol/negras el segundo (22%). Esta distribución refleja la composición
étnica de la población de ambas zonas.
Según personal entrevistado de las CMN, existe poco acceso de las mujeres
rurales e indígenas a los servicios de las comisarías, ya que sólo hay
tres en las dos regiones (Puerto Cabezas, Bluefields y Siuna); esto limita
su acceso a la justicia.
Se estima que más de la mitad de las que acuden a las comisarías continúa
siendo víctima de violencia por la falta de aplicación de medidas
legales (e inclusive de protección), lo que a su vez contribuye a minar
la confianza de las víctimas en el sistema. La falta de preparación del
personal de las instituciones de justicia claves para atender
adecuadamente este tipo de problemas, como el Ministerio Público, se
convierte en un obstáculo adicional para las mujeres en el desarrollo del
proceso judicial.
Por último, los delitos sexuales contra niñas y niños son un problema
grave en la región, aunque los niveles de denuncia son muy bajos,
especialmente en el caso del incesto. A esto contribuye también la
costumbre de la justicia regional en la RAAN del talamana (pago
de la sangre): las comunidades saben que el delito de violación no admite
el perdón de las partes en los juzgados, y si se lleva a la cárcel al
agresor no es posible hacer el cobro. Por esta razón las denuncias de
este tipo son pocas.
Las comunidades se rigen a través de un Consejo de Ancianos y de un juez
comunal. Este juez tiene competencia ante la comunidad para administrar
justicia y para decidir qué delito se puede resolver internamente y cuál
tendrá que ser llevado a las autoridades. La violación, así como el
homicidio o el asesinato, son parte de los delitos que deben ser atendidos
por las autoridades. Sin embargo, muchas veces se les escapa de las manos
y tanto la víctima como el victimario tratan de resolver sus diferencias
sin su intervención (Nuevo Diario, 2006)
2. MUJERES NEGRAS DE LA COSTA ATLÁNTICA DE NICARAGUA: DATOS Y
FACTORES DE SU DISCRIMINACIÓN
(Recopilado del trabajo de José Adán Silva, IPS 12
de marzo de 2009.)
La población negra desciende de africanos que llegaron en barcos
esclavistas ingleses a las costas caribeñas de lo que hoy son Nicaragua y
Honduras, disputadas por potencias europeas en tiempos de la colonia, y
que se mantuvieron como protectorado británico hasta 1860.
Así, mientras en el centro del país y en el área del Pacífico
dominaban la población blanca y mestiza y se impuso como lengua oficial
la que hablaban los españoles, en el Atlántico predominaron los
apellidos y el idioma inglés que adoptaron los afrodescendientes.
Éstos conviven con población nativa, que tiene sus propias lenguas y
culturas milenarias —misquitos, mayangnas, ramas y garífunas— y
habita tierras comunales de los litorales y zonas interiores inhóspitas
de las Regiones Autónomas del Atlántico Norte (RAAN) y del Atlántico
Sur (RAAS). En el extremo sur viven también negros créoles y mestizos
llegados del Pacífico.
Datos y estadísticas:
Las indígenas y negras constituyen 52 por ciento de la población
caribeña de este país (algo más de 650.000 habitantes) y soportan
el mayor peso de las discriminaciones de género y raciales (Rectora
de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense (Uraccan, Alta Hooker.)
La población indígena oscila entre 10 y 12 por ciento de los 5,7
millones de nicaragüenses. Pero no hay cifras confiables sobre
proporción de afrodescendientes. (URACAAN)
A las jóvenes indígenas o negras no se les respeta el derecho a la
lengua propia. (Centro de Investigación y Estudio de la Mujer Multiétnica
de la Uraccan) "A las muchachas que aspiran a un cargo en una
institución pública o privada se les exige hablar español. Y si una
mujer es blanca, habla el español como en el Pacífico y viene del
Pacífico, se le da el puesto con más rapidez, o se le paga más que
a las locales" (Hooker).
Además de la discriminación institucional, pesa la herencia indígena
de una estructura social donde las decisiones las toman los hombres.
"Los consejos de ancianos, los jueces rurales, los líderes
comunitarios, los partidos políticos indígenas y los directorios de
las empresas en la costa atlántica están integrados en 90 por ciento
por hombres. Así ha sido desde hace tiempo y eso apenas va
cambiando". (Declaración de Hooker)
La segregación afecta tanto a trabajadoras domésticas como a
egresadas de las dos universidades de la zona, la Uraccan y la
Bluefields Indian and Caribbean University (Lottie Cunningham Wren,
socióloga y directora ejecutiva del no gubernamental Centro
por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de
Nicaragua--CEHUDJCAN).
Quienes tienen menos acceso a oportunidades de desarrollo y
crecimiento educativo son los habitantes de las dos regiones del
Caribe. (Informe de 2005 del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo).
Mientras en el resto del país, 80 por ciento de la población tiene
acceso a agua potable, allí sólo la reciben 20 por ciento de los indígenas.
La pobreza afectaba a 47 por ciento de los nicaragüenses, pero en
la RAAN y la RAAS, los pobres eran 79 por ciento de los habitantes, de
acuerdo con el estudio. Y los empleos del sector productivo se repartían
en 79 por ciento para hombres y 21 por ciento para las mujeres.
"La discriminación de género esta muy relacionada con el racismo,
puesto que ambas involucran al grupo cultural dominante (hombres mestizos)
que crean barreras sobre otros (mujeres, pueblos indígenas y
afrodescendientes) con base en prejuicios discriminatorios sobre sus
atributos y habilidades inherentes." ("El fraude del
mestizaje", Mirna Cunningham Kain, del Centro para la Autonomía y
Desarrollo de la Costa Atlántica, 2008.)
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