Radio Internacional Feminista

septiembre,2003


28 de septiembre: Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe

 

Fuente: Red de Salud de las Mujeres  Latinoamericanas y del Caribe

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS,  ocurren cada año, cerca de 75 millones de gestaciones indeseadas en el mundo. Algunos factores que inciden:  La imposibilidad y ausencia de poder social de las mujeres para  rechazar relaciones sexuales, demanda insatisfecha de métodos de anticoncepción, presión social y cultural sobre la maternidad y de construcción de la identidad femenina, fallas de anticonceptivos,  coerción o violencia sexual, dificultades económicas, emocionales, familiares y otras, que les impiden hacer suyo el proyecto de ser madres,  como el entorno laboral o escolar hostil, razones de salud, enfermedad de la mujer o del feto, entre otros.

Entre 40 y 60 millones de abortos inducidos ocurren en el mundo.  De ellos unos 20 millones fueron realizados en condiciones y procedimientos inseguros, ocurren en su mayoría en países donde el aborto esta prohibido, restringido o severamente castigado.  La OMS concluye que un 95% ocurre en países en vías de desarrollo.

El aborto en un problema de salud pública, por la ilegalidad del mismo, que determina que  el procedimiento sea una de las causas principal de muerte y morbilidad materna.  Atribuido en la mayoría de casos a condiciones insalubres en las que se realizan, sea por practicantes sin preparación o por las mismas mujeres, que en su desesperación, utilizan diversas y peligrosas formas  abortivas. Se estima en 600 mil muertes maternas cada año en el mundo, el 13% en condiciones inseguras.

De acuerdo con OMS, América Latina y el caribe registran un 21% de la mortalidad materna, se mueren cerca de 6 mil mujeres por complicaciones relacionadas con abortos inseguros.

Algunas consecuencias son altos costos para el sistema de salud, hospitalizaciones de urgencia, el impacto familiar, laboral, y morbilidades diversas como infertilidad


¿Quiénes abortan?

Mujeres de diversas edades, condición económica y nivel educativo. Algunas casadas, con hijos e hijas, otras solteras,  y sin descendencia.  La mayor parte de ellas se encuentran en edades que oscilan entre  los 20 a 30 años,  con dos o más hijos. La decisiones de interrumpir un embarazo son diversas como también las circunstancias que rodean su vida cotidiana.

4.5 millones de adolescentes entres los 15 a 19 años se practican abortos inducidos, muchos han cobrado sus vidas. Las jóvenes están en situación de mayor riesgo para evitar embarazos no deseados.  Muchas  han sido  forzadas, abusadas e incestuadas.  Las condiciones económicas vulneran  acceder a servicios de salud postergando la intervención hasta límites peligrosos.  En Chile y Argentina, más de un tercio de las muertes maternas en adolescentes son la consecuencia de abortos inseguros (IPAS).

La pobreza es una de las principales causas de la mortalidad y enfermedades relacionadas con aborto.  Las mujeres pobres no tienen más opción que prácticas riesgosas.  A ello se le agrega que puedan ser encarcelas. Quienes cuentan con recursos económicos acceden a abortos clandestinos sin peligro para su vida y salud.  El aborto  perpetúa inequidades sociales,  ocultas bajo el silencio,  las voluntades políticas  y el fundamentalismo religioso que la convierten en tema tabú.

Las leyes y el aborto.

América Latina y el Caribe: más retrocesos que avances

Desde 1970 varios  países liberalizaron sus leyes sobre aborto, aunque no en igual grado.  Austria, Canadá,
China, Cuba, Dinamarca, Finlandia, Francia, India, Italia, Alemania, Holanda, Noruega, Suecia, el Reino Unido, Nepal, Sudáfrica, Barbados. Por sistemas de indicaciones o por de  plazos, las legislaciones han ido aceptando el aborto legal. Se consideran las causas médicas, eugenésicas, jurídicas y sociales, y en algunos países, la sola petición de la mujer dentro de plazos determinados (los que van entre las 10 y 28 semanas) le permite interrumpir su embarazo dentro de la legalidad (Abracinskas, 2003).

Para las mujeres latinoamericanas y del caribe las restricciones sobre el aborto continúan siendo severas, aumentando el reiego de mortalidad,  encarcelamiento y estigma social con el discurso de la culpa.  De acuerdo con  estimaciones, se cree que se producen cuatro abortos por cada diez nacidos vivos en Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana, y cerca de seis abortos en Chile, por cada diez nacimientos (Alan Guttmacher Institute, 1994).

Entre los países que prohíben totalmente esta práctica, incluyendo por rieso para la salud y la vida de la mujer, están Chile y El Salvador, en tanto que en el extremo opuesto se ubican Puerto Rico y Cuba, donde se trata de una práctica legal. Brasil, ha avanzando en la atención del aborto por violación en los servicios de la red pública, tal como lo permite la ley, gracias a la sostenida presión y ttrabajo de las organizaciones de mujeres y feministas.

Una demanda regional, contexto

Este drama humano, de salud pública y de trasgresión de derechos constituido por el aborto inseguro determinó en 1990 que las mujeres del movimiento de salud latinoamericano y caribeño decidieran establecer el 28 de septiembre como Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, para afirmar la reivindicación histórica de las mujeres por la libertad reproductiva y por el control del propio cuerpo, como principio filosófico-político que anima su acción.

Por ello, aun cuando los abordajes de las sucesivas campañas han relevado el aborto inducido como un grave problema de salud pública que afecta a la mayoría de los países y como causa principal de muertes maternas, el enfoque superior de este campaña rescata el concepto de las mujeres como sujetas de derechos, como ciudadanas sobre sus cuerpos y como poseedoras de autonomía y libertad para tomar decisiones en este terreno.

No es posible hacer caso omiso del hecho que el embarazo comienza, transcurre y culmina en el cuerpo de las mujeres, en su territorio corporal y en su espacio psíquico. Un embarazo no deseado, inoportuno, producto de circunstancias muchas veces ajenas a su determinación y voluntad, es una invasión inaceptable que debe poder ser interrumpida en condiciones seguras  para su vida. En ese sentido, numerosas feministas y especialistas en bioética, han analizado en profundidad la demanda de las mujeres en torno a la maternidad voluntaria, concluyendo que la penalización del aborto atenta contra el goce de una serie de derechos humanos y ciudadanos de las mujeres, entre otros:

  • El derecho a la vida

  • El derecho a la libertad y seguridad personales

  • El derecho a gozar del más alto nivel de salud

  • El derecho a la igualdad y a la no discriminación

  • El derecho a la autodeterminación

  • El derecho a no ser sometido a torturas

  • El derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida y a la familia

  • El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión

  • El derecho a controlar su propia fecundidad, a la privacidad., a la vida y a la seguridad, a alcanzar el más alto nivel posible de salud

  • El derecho a contar con servicios de salud reproductiva y el acceso al aborto seguro para responder a sus necesidades de salud.

  • El derecho a los beneficios del progreso científico


Muchos de estos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Y han sido explicitados en textos no vinculantes, pero de trascendencia histórica, como el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing.

Por lo tanto, mujeres y organizaciones comprometidas con la Campaña 28 de septiembre demandamos, una vez más, el reconocimiento de nuestra calidad de ciudadanas sobre nuestros cuerpos, con autonomía de decisión en la sexualidad y la reproducción. Sostenemos que la diversidad de opciones y formas de vida, de creencias religiosas y valores sociales que persisten en las sociedades que se dicen democráticas y pluralistas, obligan a reconocer dicha calidad a las mujeres, y a aceptar sus principios éticos y sus prácticas.

Es inaceptable que los preceptos morales de una determinada religión intenten traducirse en contenidos de políticas públicas, y es inaceptable que los Estados lo permitan. Una democracia debe ser laica, o no es democracia.

Por el derecho a elegir, por el derecho a la salud, por los derechos
humanos:  ABORTO SEGURO, LEGAL Y GRATUITO PARA TODAS LAS MUJERES.