28 de septiembre: Día por
la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe
Fuente:
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
De
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, ocurren cada
año, cerca de 75 millones de gestaciones indeseadas en el mundo. Algunos
factores que inciden: La
imposibilidad y ausencia de poder social de las mujeres para
rechazar relaciones sexuales, demanda
insatisfecha de métodos de anticoncepción, presión social
y cultural sobre la maternidad
y de construcción de la identidad femenina, fallas de
anticonceptivos, coerción o violencia sexual, dificultades económicas,
emocionales, familiares y otras, que les impiden hacer suyo el proyecto de
ser madres, como el entorno laboral o escolar hostil, razones de
salud, enfermedad de la mujer o del feto, entre otros.
Entre 40 y 60 millones de abortos inducidos ocurren en el mundo. De
ellos unos 20 millones fueron realizados en condiciones y procedimientos
inseguros, ocurren en su mayoría en países donde el aborto esta
prohibido, restringido o severamente castigado. La OMS concluye que
un 95% ocurre en países en vías de desarrollo.
El aborto en un problema de salud pública, por la ilegalidad del mismo,
que determina que el procedimiento sea una de las causas principal
de muerte y morbilidad materna. Atribuido en la mayoría de casos a
condiciones insalubres en las que se realizan, sea por practicantes sin
preparación o por las mismas mujeres, que en su desesperación, utilizan
diversas y peligrosas formas abortivas. Se estima en 600 mil muertes
maternas cada año en el mundo, el 13% en condiciones inseguras.
De
acuerdo con OMS, América Latina y el caribe registran un 21% de la
mortalidad materna, se mueren cerca de 6 mil mujeres por complicaciones
relacionadas con abortos inseguros.
Algunas
consecuencias son altos costos para el sistema de salud,
hospitalizaciones de urgencia, el impacto familiar, laboral, y
morbilidades diversas como infertilidad
¿Quiénes
abortan?
Mujeres de diversas edades, condición económica y nivel educativo.
Algunas casadas, con hijos e hijas, otras solteras, y sin
descendencia. La mayor parte de ellas se encuentran en edades que
oscilan entre los 20 a 30 años, con dos o más hijos.
La decisiones de interrumpir un embarazo son diversas como también las
circunstancias que rodean su vida cotidiana.
4.5
millones de adolescentes entres los 15 a 19 años se practican abortos
inducidos, muchos han cobrado sus vidas. Las jóvenes están en
situación de mayor riesgo para evitar embarazos no deseados.
Muchas han sido forzadas, abusadas e incestuadas. Las
condiciones económicas vulneran acceder a servicios de
salud postergando la intervención hasta límites peligrosos. En
Chile y Argentina, más de un tercio de las muertes maternas en
adolescentes son la consecuencia de abortos inseguros (IPAS).
La pobreza es una de
las principales causas de la mortalidad y enfermedades relacionadas con
aborto. Las
mujeres
pobres no tienen más opción que prácticas riesgosas. A ello se
le agrega que puedan ser encarcelas. Quienes cuentan con recursos económicos
acceden a abortos clandestinos sin peligro para su vida y salud.
El aborto perpetúa inequidades sociales, ocultas bajo el
silencio, las voluntades políticas y el fundamentalismo
religioso que la convierten en tema tabú.
Las
leyes y el aborto.
América Latina y el Caribe: más retrocesos que avances
Desde 1970 varios países liberalizaron sus leyes sobre aborto,
aunque no en igual grado. Austria, Canadá,
China, Cuba, Dinamarca, Finlandia, Francia, India, Italia, Alemania,
Holanda, Noruega, Suecia, el Reino Unido, Nepal, Sudáfrica,
Barbados. Por sistemas de indicaciones o por de plazos, las
legislaciones han ido aceptando el aborto legal. Se consideran las
causas médicas, eugenésicas, jurídicas y sociales, y en algunos países,
la sola petición de la mujer dentro de plazos determinados (los que van
entre las 10 y 28 semanas) le permite interrumpir su embarazo dentro de
la legalidad (Abracinskas, 2003).
Para las mujeres latinoamericanas y del caribe las restricciones sobre
el aborto continúan siendo severas, aumentando el reiego de
mortalidad, encarcelamiento y estigma social con el discurso de la
culpa. De acuerdo con estimaciones, se cree que se producen
cuatro abortos por cada diez nacidos vivos en Brasil, Colombia, Perú y
República Dominicana, y cerca de seis abortos en Chile, por cada diez
nacimientos (Alan Guttmacher Institute, 1994).
Entre los países que prohíben totalmente esta práctica, incluyendo
por rieso para la salud y la vida de la mujer, están Chile y El
Salvador, en tanto que en el extremo opuesto se ubican Puerto Rico y
Cuba, donde se trata de una práctica legal. Brasil, ha avanzando en la
atención del aborto por violación en los servicios de la red pública,
tal como lo permite la ley, gracias a la sostenida presión y ttrabajo
de las organizaciones de mujeres y feministas.
Una demanda regional, contexto
Este drama humano, de salud pública y de trasgresión de derechos
constituido por el aborto inseguro determinó en 1990 que las mujeres
del movimiento de salud latinoamericano y caribeño decidieran
establecer el 28 de septiembre como Día por la Despenalización del
Aborto en América Latina y el Caribe, para afirmar la reivindicación
histórica de las mujeres por la libertad reproductiva y por el control del propio cuerpo, como principio filosófico-político
que anima su acción.
Por ello, aun cuando los abordajes de las sucesivas campañas han
relevado el aborto inducido como un grave problema de salud pública que
afecta a la mayoría de los países y como causa principal de muertes
maternas, el enfoque superior de este campaña rescata el concepto de
las mujeres como sujetas de derechos, como ciudadanas sobre sus cuerpos
y como poseedoras de autonomía y libertad para tomar decisiones en este
terreno.
No es posible hacer caso omiso del hecho que el embarazo comienza,
transcurre y culmina en el cuerpo de las mujeres, en su territorio
corporal y en su espacio psíquico. Un embarazo no deseado, inoportuno,
producto de circunstancias muchas veces ajenas a su determinación y
voluntad, es una invasión inaceptable que debe poder ser interrumpida
en condiciones seguras para su vida. En ese sentido, numerosas
feministas y especialistas en bioética, han analizado en profundidad la
demanda de las mujeres en torno a la maternidad voluntaria, concluyendo
que la penalización del aborto atenta contra el goce de una serie de
derechos humanos y ciudadanos de las mujeres, entre otros:
-
El derecho a la vida
-
El derecho a la libertad y seguridad personales
-
El derecho a gozar del más alto nivel de salud
-
El derecho a la igualdad y a la no discriminación
-
El derecho a la autodeterminación
-
El derecho a no ser sometido a torturas
-
El derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida y a la
familia
-
El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión
-
El derecho a controlar su propia fecundidad, a la privacidad., a la vida
y a la seguridad, a alcanzar el más alto nivel posible de salud
-
El derecho a contar con servicios de salud reproductiva y el acceso al
aborto seguro para responder a sus necesidades de salud.
-
El derecho a los beneficios del progreso científico
Muchos de estos derechos están consagrados en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
y en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Y han sido explicitados en
textos no vinculantes, pero de trascendencia histórica, como el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, y
la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de
Beijing.
Por lo tanto, mujeres y organizaciones comprometidas con la Campaña 28
de septiembre demandamos, una vez más, el reconocimiento de nuestra
calidad de ciudadanas sobre nuestros cuerpos, con autonomía de decisión
en la sexualidad y la reproducción. Sostenemos que la diversidad de
opciones y formas de vida, de creencias religiosas y valores sociales
que persisten en las sociedades que se dicen democráticas y
pluralistas, obligan a reconocer dicha calidad a las mujeres, y a
aceptar sus principios éticos y sus prácticas.
Es inaceptable que los preceptos morales de una determinada religión
intenten traducirse en contenidos de políticas públicas, y es inaceptable que los Estados lo permitan. Una democracia debe ser laica,
o no es democracia.
Por el derecho a elegir, por el derecho a la salud, por los derechos
humanos: ABORTO SEGURO, LEGAL Y GRATUITO PARA TODAS LAS MUJERES.